La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en sentencia de julio 27 de 2022 y documento de interpretación del 24 de enero de 2024 en el Caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica VS. Colombia, estableció un reconocimiento jurídico internacional sobre la experiencia de este partido político, surgido de los acuerdos de paz de 1985 entre el gobierno colombiano de entonces y la extinta guerrilla de las FARC-EP, su capacidad política como fuerza renovadora de la democracia nacional y la violencia sistemática que la llevaron a desaparecer del escenario político. La Sentencia, que en sí misma es un acto de reparación hacía las víctimas y sobrevivientes de la UP, condenó al Estado colombiano por su participación en el exterminio político del movimiento y le ordenó adelantar diferentes medidas tendientes a la reparación de las víctimas. 

La Sentencia reconoció que, en respuesta al ascenso político de la UP, se configuró una alianza entre grupos paramilitares, políticos tradicionales, Fuerza Pública y grupos empresariales para acabar violentamente con este partido político recurriendo a un repertorio diverso de violaciones a los derechos humanos entre las que se encuentran: ejecuciones extrajudiciales, masacres, desapariciones forzadas, amenazas de muerte, atentados, acciones de estigmatización, judicializaciones indebidas, torturas y desplazamientos forzados. Las cuales contaron con la participación de agentes estatales y con la tolerancia y complacencia de las autoridades. 

Queda claro en la Sentencia que el Estado colombiano fue responsable de la violación a derechos fundamentales de quienes integraban o simpatizaban con la UP violando los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad, la honra, la circulación y residencia, la libre expresión, la libertad de asociación, las garantías judiciales, la protección judicial y sus derechos políticos. Así mismo reconoció la CorteIDH que fueron violados los derechos de niños y niñas en el marco de este exterminio político. 

La Sentencia orientó el desarrollo de diferentes medidas tendientes a la reparación de las víctimas y sobrevivientes de la Unión Patriótica. Un conjunto de medidas están orientadas a la difusión y reconocimiento público del proceso de exterminio del partido político a manos del Estado y sus daños a la democracia colombiana, entre estas medidas se encuentran un acto público de reconocimiento de la responsabilidad internacional, la construcción de un monumento en homenaje a las víctimas, la colocación de placas en diferentes partes del país, la elaboración de un documental audiovisual, el desarrollo de una campaña de sensibilización en medios públicos y de foros académicos en varias universidades del país. 

Otro grupo de medidas se concentran en la atención de la salud física y mental de las víctimas y sobrevivientes que contemplan brindar atención médica y psicológica a estos. Otras medidas pretenden el avance del esclarecimiento de responsabilidades y la superación de la impunidad marcando un plazo de dos años para que el Estado de avances serios en materia de justicia. Otras acciones se orientan a mantener y profundizar las garantías de participación política de la UP, como la revisión y ajuste del plan de protección de sus sobrevivientes. Por otra parte, la CorteIDH le ordenó al Estado desarrollar alivios humanitarios para las víctimas intensificando la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas de la UP. Y, finalmente medidas orientadas a la indemnización económica de las víctimas y sus familias por los daños y afectaciones causadas. 

En el marco de estas acciones de reparación la Corte IDH ordenó la creación de la Comisión para la constatación de la identidad y/o parentesco de las víctimas listadas en los anexos II y III de dicha sentencia. Y mediante la sentencia de interpretación del 24 de enero de 2024, la CorteIDH asignó a la Comisión la competencia sobre las víctimas relacionadas en el anexo I. La Comisión tiene como propósito verificar, completar o corregir los datos de las víctimas o beneficiarios que deben ser reparados en el marco del cumplimiento de la sentencia