Llegados al final, aquí estamos rindiendo cuentas, como le corresponde a todo institución pública,

y celebrando la realización del mandato otorgado por la Corte IDH y, sin falsas modestias, con la satisfacción de haberles cumplido a las víctimas del exterminio de la Unión Patriótica.

Con el cierre de la Comisión se termina una fase más en el sistema interamericano de derechos humanos, la de la plena identificación de las víctimas de la Unión Patriótica, pero no se agota el deber de verdad, justicia, reparación y no repetición que se inició con el proceso y la Sentencia de la Corte del 27 de julio de 2.022 en el caso Integrantes y Militantes de la Unión patriótica vs. Colombia. Aún quedan pendientes algunas medidas de reparación, entre ellas la indemnización de las víctimas y la supervisión de su pleno cumplimiento.

La Comisión no sólo fue un paso más en el camino de la reparación, sino que su trabajo tiene un hondo significado para el Estado y la sociedad colombianos. Si la Sentencia estableció que hubo un proceso sistemático de exterminio de la Unión Patriótica durante alrededor de 20 años, ejecutado directamente por las fuerzas militares y de policía del Estado, o con su complicidad o complacencia, el trabajo de la Comisión viene a reafirmar el hecho reconocido por la Corte y a decirle a la sociedad y al Estado: ¡Aquí están las víctimas!, estas son, aquí está su rostro, tienen nombre y apellido, y un documento de identificación y lo dice una comisión independiente creada por el sistema interamericano, pero integrada por tres nacionales colombianos con distinto origen y trayectoria y eso lo hace más valioso. Una Comisión cuyo trabajo abre la puerta a la reparación de las miles de víctimas del exterminio y de su familias. Sin ella no hubiera sido posible. Es un legítimo orgullo haberlo hecho y haber contribuido con nuestro trabajo a su dignificación y reconocimiento.

En ese sentido, la Comisión se trazó dos objetivos. El primero, más allá del sentido literal de nuestro mandato, lograr constatar todas las víctimas incluidas en los Anexos de la Sentencia y el segundo, que ninguna de las que se presentara ante la Comisión se quedará sin constatar. Del esfuerzo por cumplir el primero, son prueba las 8 jornadas de información y pedagogía que realizamos en distintos municipios de la geografía nacional, como Villavicencio, Ibagué, Barrancabermeja, y algunos lejanos como San José del Guaviare y Apartadó, las tareas de divulgación a través de la página web y las redes sociales que creamos y de las instituciones del Estado que nos colaboraron en ese propósito, como la Defensoría del Pueblo, la Unidad para las Víctimas, RTVC y las personerías municipales, entre otros, y la campaña “Queda poco tiempo”  adelantada al final de nuestro mandato para contactar a todas las víctimas posibles. Sin embargo,  no logramos el primer objetivo. Las circunstancias están recogidas en la solicitud que le hicimos a la Corte y en nuestro informe final.

Pero producto de ese esfuerzo superamos las expectativas. El plan presentado a la Corte IDH, al Estado y a los intervinientes comunes en julio del año pasado, por mandato de la Corte, se elaboró con un total de 4.000 víctimas que, con los datos disponibles en ese momento, estimamos que se iban a presentar efectivamente para ser constatadas por la Comisión al cierre de su mandato el 31 de marzo de 2.026. Sin embargo, recibimos 5.038 solicitudes de constatación, un 25,9% más, y las resolvimos dentro de ese mismo lapso. Asimismo, en la reunión preparatoria del trabajo de la Comisión con los intervinientes comunes, nos informaron que tenían localizados y esperaban presentar ante la Comisión unas 2.800 víctimas incluidas en los listados de la Sentencia. Pero a raíz de su esfuerzo y de las actividades de la Comisión, logramos constatar a 4.599 víctimas incluidas en los Anexos, 1.799 víctimas más y el 164,2 % de lo estimado inicialmente por los intervinientes comunes.

Aunque no pudimos cumplir ese primer objetivo, hoy podemos decir con tranquilidad que ninguna de las víctimas que incluidas en los Anexos que se presentó ante la Comisión se quedó sin constatar. Y ninguna solicitud de constatación se dejó sin resolver. Podemos decir entonces

¡Cumplimos!

Las cifras demuestran que las víctimas listadas en la Sentencia son 6.942. La Comisión recibió 5038 solicitudes de constatación, de las cuales 250 no pudieron ser reconocidas porque no estaban incluidas en los Anexos, 72 no lo fueron porque no eran la víctima registrada en los listados y 13 presentaron su solicitud extemporáneamente. El resto, un total de 4.703 registros fueron examinados y verificados por la Comisión, que corresponde a 4.599 víctimas incluidas en los Anexos y constatadas por la Comisión, descontadas las que estaban registradas 2 o 3 veces. Eso significa que logramos identificar a todas las víctimas incluidas en los Anexos de la Sentencia que presentaron oportunamente su solicitud. Esa cifra representa el 67,74% de las víctimas listadas en la Sentencia.

La Comisión no se limitó a constatar la identidad de esas 4.599 víctimas. También estableció la identidad y el parentesco de los 7.585 familiares de las víctimas de ejecución extrajudicial y desaparición forzada que, de acuerdo con la Sentencia, tenían la calidad de beneficiarios de la indemnización otorgada por la Corte y que van a recibirla del Estado.

La Comisión también contribuyó a depurar los Anexos de la Sentencia. En ese sentido identificó y remitió a la Corte para su decisión 150 casos de víctimas que aparecían repetidas dos veces en los anexos y en dos casos hasta tres veces, 88 casos en que se solicitó o verificó la necesidad de cambiar la violación registrada en la sentencia, 17 casos de víctimas incluidas en los anexos, que no tenían registrada violación alguna y 12 casos de víctimas del Anexo II que fallecieron antes de que su familiar sufriera la violación y por tanto no habían sido afectadas por ese hecho, pero estaban incluidas en los listados.

Adicionalmente, el 51,1% de los registros tenían algún error, el 58 % carecían de documento de identidad o tenían algún error en este y 76 víctimas eran menores de edad al momento de la violación, pero no estaban reportadas como tales en los anexos.

No era, ni fue una tarea fácil como se pensó o creyó en algún  momento. La Comisión debió hacerlo en un entorno de notorios desafíos y dificultades. El primero fue el tiempo. Los 40 años pasados desde que empezó el exterminio y los casi 30 años transcurridos desde que se inició el proceso para presentar el caso ante el sistema interamericano y obtener una sentencia de la Corte IDH eran una bomba de tiempo que estalló ante nosotros y por un tiempo nos desbordó. Y, además, debíamos hacer la tarea en un lapso corto, 18 meses, para establecer la plena identidad y el parentesco de las víctimas y sus familiares, que se convirtieron en un poco más de 19 meses, descontando los períodos en que la Comisión estuvo paralizada por falta de recursos para su funcionamiento, más los 3 meses utilizados antes de su inicio para crear, diseñar y organizar la estructura de la Comisión, establecer los perfiles y seleccionar a todo su personal de apoyo, fijar su reglamento, sus reglas de procedimiento y prueba y sus procesos administrativos internos y diseñar los sistemas y herramientas de recepción, administración, manejo y archivo de la información, pues solo en una etapa avanzada de nuestro trabajo pudimos contar con un software solo para el recibo y radicación de las solicitudes, entre otros aspectos, esto es, construir una institución. En todo ese lapso, tuvimos que reiniciar el trabajo de la Comisión dos veces ante su interrupción por la falta de recursos, o los obstáculos al interior de la UARIV, con el desgaste que ello implica, y otras tantas veces implementar una reingeniería de la Comisión para simplificar los procesos, ante las decisiones de la Corte, con el tiempo invertido en esa tarea, que además no es aconsejable en una institución de corta vida. Puestos en ese trance tuvimos que sacrificar la calidad para poderle cumplir a las víctimas.

El tiempo no fue el único. La información incompleta y los múltiples y diversos errores en la identificación de las víctimas listadas en los Anexos de la Sentencia, cuya identidad debíamos verificar y contrastar, fueron otro reto considerable que demandó de imaginación, creatividad y esfuerzos adicionales para constatar que la víctima que se presentaba a la Comisión si fuera la incluida en los anexos. Tanto más en cuanto la información que teníamos disponible era limitada, y más allá de Vivanto, las bases de la JEP, que reproducen en lo sustancial los anexos, y otras fuentes públicas, no teníamos acceso a las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, ni a los archivos eclesiásticos, u otras fuentes indispensables para establecer plenamente la identidad y el parentesco de las personas.

Por eso, aunque no estamos exentos de haber cometido errores, es un motivo de satisfacción que hoy podamos entregar la identidad de las víctimas incluidas en los anexos y que se presentaron a la Comisión con sus nombres y apellidos y su documento de identificación correctos y haber corregido así, como era nuestra mandato, los errores que habían y permanecían en los listados de la Sentencia después de los casi 30 años invertidos en su elaboración, desde que se inició el proceso para presentar la demanda ante el sistema interamericano y durante todo el tiempo que duró el proceso ante la CIDH y la Corte IDH.

En el transcurso del trabajo de la Comisión también descubrimos la precariedad e insuficiencia de los sistemas de identificación personal y los usados para asentar el parentesco de las personas, más grave cuando la mayoría de quienes comparecieron a la Comisión para establecer su identidad o parentesco eran adultos mayores, que habían sido registrados antes de la expedición del decreto 1260 de 1970, que organizó el registro civil de las personas.

La ausencia de una institución similar en el sistema interamericano que nos sirviera de referente, la falta de un software para el manejo de la información, las interrupciones de nuestro trabajo a raíz de la falta de recursos o los obstáculos puestos por la UARIV en momentos cruciales, a pesar del decidido apoyo recibido de varios de sus directores en otros, constituyeron otros tantos retos para el trabajo de la Comisión.

¿Como fue posible? A no dudarlo se debió a la determinación de la Comisión de hacerlo y hacerlo bien y a la voluntad, el compromiso, la sensibilidad y la empatía con las víctimas de todo el equipo de la Comisión que puso su empeño en lograrlo y a quienes les queremos agradecer públicamente. Sin ellos, sin ustedes, no hubiera sido posible. Y claro está, a las decisiones, la estructura y los procesos y procedimientos implementados por la Comisión para lograrlo.

Asimismo debemos agradecer el apoyo recibido de las directoras de la UARIV Patricia Tobón Yagarí, Gloria Isabel Cuartas Montoya, Adith Rafael Romero Polanco y Alix Dunieka Aguilar Tirado, y sus respectivos equipos de trabajo, de la ANDJE, y de otras instituciones del Estado: la Cancillería, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Justicia que nos acogió amablemente en sus instalaciones, la Defensoría del Pueblo, las personerías municipales y el sistema RTVC y de los intervinientes comunes Centro Jurídico de Derechos Humanos, la Corporación Reiniciar, Derechos con Dignidad y la familia Díaz Mancilla.

En ese tránsito, descubrimos que las ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la fuerza pública para hacer aparecer civiles como guerrilleros muertos en combate no comenzó en la década del 2.000. De ello encontramos antecedentes en la década de los años 80 del siglo XX y vimos a los que sacaron de sus casas, a los que bajaron de un bus, a los que interceptaron en la calle, o a la salida de una reunión o un acto del partido, a los que se llevaron en la noche para nunca más volver, a los que se llevaron de sus heras, a los que les torturaron los ojos y las manos para que no vieran o no alzaran más el puño, ni sembraran el campo para alimentar a sus hijos, a los que desplazaron de sus casas una y otra vez y los despojaron de su tierra, a los que tuvieron que irse al exilio para que no corriera su sangre en una acera, y eran de a dos, de tres a un tiempo, o eran familias enteras para borrar de la tierra su apellido, enterrar su historia sin opción alguna de regreso, o para desaparecer su memoria, pero que volvieron del olvido y están aquí con una sentencia definitiva y una larga lista de nombres y apellidos que entregamos a la sociedad y al Estado para disipar la noche y la  niebla que cubrió el exterminio.