Bogotá D.C., 23 de febrero de 2026

Con el fin de mantener informadas a las víctimas listadas en los Anexos I, II, y III de la Sentencia proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte CIDH”) en el caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica Vs. Colombia el 27 de julio de 2002, así como a la opinión pública, la Comisión para la Constatación de la Identidad y/o Parentesco de las Víctimas de la Unión Patriótica (en adelante “la Comisión”) informa que, en plena recta final de su mandato, que concluye el día 31 de marzo de 2026, el Estado colombiano ha bloqueado los recursos económicos para su funcionamiento, situación que pone en alto riesgo el derecho de las víctimas de acceder a la reparación ordenada por la Corte IDH.

Esta situación obedece fundamentalmente a que la Unidad para las Víctimas (en adelante “la UARIV”), entidad encargada por el Estado de gestionar y administrar los recursos que garantizan el funcionamiento de la Comisión ha bloqueado los pagos correspondientes a las obligaciones del año 2026, razón por la cual los y las colaboradas de la Comisión han dejado de recibir sus honorarios durante dos meses e incluso algunas de estas no reciben honorarios desde diciembre de 2025.

La Comisión informó al país y a las víctimas el 20 de enero su decisión irrenunciable de cumplir con su misión y resolver todas las solicitudes de constatación antes del 31 de marzo, sin embargo, alerta que esta situación ajena a su control pone en un alto riesgo no solo el cumplimiento de su mandato, sino la reparación de las víctimas de la UP listadas en la sentencia de la Corte IDH.

Lastimosamente esta situación no es la primera vez que se presenta, a inicios de 2025 la Comisión suspendió sus labores entre los meses de enero y mayo debido a la falta de gestión y asignación de recursos por parte de la UARIV. Esa situación significó un rezago importante en el desarrollo de su mandato y en abandono de varios de sus colaborades.

Finalmente, la Comisión advierte que ha venido haciendo las gestiones institucionales pertinentes, pero no ha encontrado respuestas claras desde el Estado colombiano.