La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) estableció el 16 de abril de 2024 como el día de inicio del mandato de la Comisión para la constatación de la identidad y/o parentesco víctimas de la Unión Patriótica (UP). Desde esta fecha y por 12 meses, las víctimas, sobrevivientes, familiares o sus representantes podrán solicitar constatar su identidad y acceder a las medidas de reparación dispuestas en la Sentencia del 27 de julio de 2022 del caso Integrantes y militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia. 

A la Comisión le corresponde constatar la identidad de las víctimas listadas en los anexos I, II y III de la sentencia. El Anexo I relaciona 677 víctimas de los hechos violatorios de: desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, desplazamiento forzado, amenaza, lesiones, tentativa de homicidio y judicialización infundada. El Anexo II se enlistan 761 víctimas por violaciones a la integridad personal, garantías judiciales y protección judicial. El Anexo III relaciona 5.503 víctimas por graves violaciones de los derechos humanos, cuya información de identidad y/o parentesco debe ser subsanada y complementada por la Comisión. 

La Comisión es parte del proceso de reparación y reconocimiento por parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos del exterminio político de la Unión Patriótica, y a su vez es el resultado de la lucha por la justicia emprendida por las víctimas y sobrevivientes de este movimiento político desde las primeras violaciones a los derechos humanos cometidas en su contra. Inicialmente fue una apuesta por subsistir como movimiento político e impedir el genocidio, y posteriormente una búsqueda por superar la impunidad, hacer memoria y exigir medidas de reparación y condiciones de no repetición. 

Ante la tolerancia estatal y la inoperancia de la justicia que enmarcaba la violencia contra la UP, su dirigencia elevó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1993 la solicitud de medidas cautelares y la petición contra el Estado colombiano para el reconocimiento de los crímenes y violaciones a los derechos humanos de las que era objeto el movimiento político. En 1997 la CIDH admitió el caso Integrantes y militantes de la Unión Patriótica Colombia (Caso No. 11.227), y posteriormente emitió del Informe de Fondo No.170/17 a través del cual reconoció en 2017 la ausencia de investigación y la tolerancia con la actividad criminal que buscó destruir a la UP por parte del Estado colombiano. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió la sentencia del 27 de julio de 2022 Caso integrantes de la Unión Patriótica VS. Colombia donde declaró al Estado como responsable por el exterminio del partido político debido a su participación en la ejecución de graves violaciones a los derechos humanos contra sus integrantes y militantes, y en la ausencia de protección, investigación y sanción de los crímenes. En dicha sentencia la CorteIDH dispuso la creación de la Comisión para la Constatación de la Identidad y Parentesco de las Víctimas de la UP.